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Actualizada el: Miércoles, 18 de octubre de 2017 23:18
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Redacción
Miércoles, 4 de octubre de 2017
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Jornadas sobre concursos de acreedores

Las Jornadas Concursales 2017 revisan las necesidades prácticas todavía por cubrir de la Ley Concursal

Bajo el título “El concurso de acreedores en la práctica”, en esta edición, los días 4 y 5 de octubre, se debaten en la capital aragonesa los numerosos problemas de orden técnico que sigue planteando el concurso de acreedores en España, a pesar de “los buenos augurios que mostraban una tendencia a la baja
del número de insolvencias en nuestro país”.

Las Jornadas Concursales 2017 se han inaugurado este miércoles bajo la organización del Colegio Oficial de Economistas de Aragón, el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Un año más el encuentro reúne a más de 150 profesionales de la Economía y el Derecho.

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Este año se ha buscado dar un carácter práctico a las Jornadas, buscando temas a los que los administradores concursales se enfrentan más habitualmente y con más dificultad. Durante 2016 “no hubo modificaciones en la Ley Concursal”, sin embargo, en sus quince años de vida, ha tenido alrededor de 30 modificaciones, con “los consiguientes problemas para los profesionales del sector”, ha apuntado el presidente del Colegio de Mercantiles y Empresariales de Aragón, Antonio Envid. “Asistimos a un repunte de los concursos de acreedores, aunque previsiblemente transitorio, y los problemas no son solo debidos a los continuos retoques de su regulación legal, sino también a la constante construcción y revisión jurisprudencial”, ha añadido.

 

Con respecto a dicha Ley, Miguel Ángel Palazón, tesorero del Colegio de Abogados, ha destacado que “a pesar de que su espíritu inicialmente era intentar que el concurso fuera una solución de continuidad, realmente lo que sucede es que, a día de hoy, por las leyes bancarias por un lado y por la obligación de pagos frente a la Agencia Tributaria por otro, prácticamente todas las sociedades se van a liquidación”.

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Pedro Lomba, vocal 1º de la Agrupación 8ª del Instituto de Censores, ha subrayado que “tan solo se ha conseguido que un 8% de las empresas sean viables a través de acogerse al proceso concursal” y además que la Ley “no da respuesta a los acreedores de esas empresas ya que, en muchas ocasiones, se tiene que liquidar muy por debajo del precio de mercado”. Esto es debido, en parte, a la rapidez con la que se solicita a veces que se liquiden los concursos, ha matizado Lomba.

 

Con respecto a esas necesidades que debe cumplir la Ley Concursal el tesorero del Colegio de Economistas de Aragón, Carlos Terreu, ha afirmado que, aunque tal vez sea una demanda “un poco manida”, se debería revisar el trato al crédito público: “El crédito público tiene un trato excesivamente privilegiado tanto en el concurso de las empresas como en el de las personas físicas, esto no sucede en otros países y lo que conlleva es que muchas veces lastra la posibilidad de llegar a acuerdos y a convenios”. “Es una cuestión de solidaridad, de que todos tengan que hacer sacrificios”, ha concluido Terreu.

 

Desde la organización también se ha indicado que, especialmente, “ha habido un aumento en concursos de personas físicas” y que por ello es uno de los temas que más se va a tratar. También serán debatidas las “responsabilidades frente a la Agencia Tributaria por parte de las Administraciones Concursales”, así como lo que sucede con los “honorarios de la Administración Concursal en el momento en el que se da una situación en la que prácticamente se ha acabado la masa y se tiene que cambiar el orden de pagos de los créditos”.

 

El llamado concurso exprés, el que se presenta sin masa y que directamente con el auto de declaración de concurso se consigue la conclusión y la extinción de la sociedad, también “preocupa mucho” a los administradores concursales y será “examinado con detenimiento en las Jornadas”.

 

Uno de los temas que se ha tratado ya en esta primera sesión de las Jornadas ha sido el de las segundas oportunidades para el empresario, es decir, de la posibilidad de que aquellas personas físicas que hayan resultado insolventes puedan reconstruir su vida económica. “El concurso de persona física es una materia que, tradicionalmente, no ha tenido toda la atención que debería, sin embargo, asociado a los problemas derivados de la crisis económica, actualmente tiene mucho peso”, ha indicado Javier Yáñez, abogado y magistrado especialista en Mercantil. “Se ha hecho una decidida apuesta, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional, acerca de la implementación de mecanismos de segunda oportunidad y de exoneración de cargas financieras”.

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El emprendedor, el pequeño y mediano empresario persona física, “se ve lastrado de una forma inevitable cuando por su primera actividad empresarial se ve sometido a una carga financiera o unas deudas que evidentemente no va a poder ni asumir en ese procedimiento ni asumir a futuro”, y por tanto “la idea es que, a partir de un mecanismo de exoneración de pasivo satisfecho se genere la segunda oportunidad, propia del Derecho americano y que se ha incorporado al Derecho comunitario en los últimos años”, ha expuesto Yáñez.

 

La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Mª Ángeles Júlvez, ha asistido también a esta cita ineludible del calendario jurídico, empresarial y económico. Júlvez ha explicado durante la inauguración del encuentro el Decreto de Peritos que se ha promulgado en la Dirección General de Justicia: “Se han determinado unos precios por esos servicios que se hacen de oficio o para los beneficiarios de Justicia gratuita, precios que antes no estaban acotados y por tanto había unas discrepancias muy importantes entre unos profesionales y otros; creemos que es obligación de todos saber, antes de hacer un trabajo, quién te va a pagar, cuánto y cómo”. Se trata, pues, de tener una “seguridad jurídica”.

 

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