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Actualizada el: Miércoles, 18 de octubre de 2017 23:18
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Redacción
Jueves, 12 de octubre de 2017
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Documento, elaborado por las direcciones generales de Energía y de Sostenibilidad (departamentos de Economía y Desarrollo Rural)

Aragón defiende las tecnologías limpias para asegurar el uso del carbón autóctono

Las aportaciones de la Comunidad a la consulta previa de la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética trasladan la voluntad de una reducción de emisiones coherente con el marco internacional y apelan al desarrollo regional de los recursos.

El Gobierno de Aragón ha remitido el pasado lunes a los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) sus aportaciones al proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

 

Esta futura ley pretende dar cumplimiento al compromiso estatal con los objetivos de la Unión Europea recogidos en el Acuerdo de París, que prevé una transición ordenada hacia una economía baja en carbono y resistente al clima. En este sentido, las propuestas aragonesas incluyen, entre otras cuestiones, establecer como principios rectores de esta transición energética el desarrollo e implantación de “tecnologías limpias que permitan el uso de recursos endógenos”.

 

Esta consulta pública por parte del Ministerio se estructuró a través de una serie de preguntas con un espacio muy limitado para las respuestas, por lo que apenas es posible descender a concreciones, si bien la defensa de las “tecnologías limpias que permitan el uso de recursos endógenos” planteada desde Aragón enlaza con la posición mantenida anteriormente para garantizar, especialmente, el mantenimiento de la actividad de la Central Térmica de Andorra, que cuenta con recursos carboníferos a escasos kilómetros y por tanto sin el riesgo de posibles desabastecimientos aparejado al suministro de importación.

 

[Img #5340]

El Gobierno de Aragón ya trasladó recientemente estos planteamientos al Gobierno central en otros dos procesos de consultas previas -sin la limitación de espacio de la actual-, para la elaboración de sendas regulaciones de rango menor; dos reales decretos sobre el procedimiento de cierre de instalaciones de generación eléctrica (sin distinción de su naturaleza) y sobre el procedimiento de acceso y conexión en desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico.

 

En las aportaciones al primero de aquellos reales decretos -elaboradas desde la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo-, se subrayaba que mantener activa la Térmica de Andorra era “absolutamente necesario” entre otras razones como garantía de suministro para el sistema, y se recordaba también que existe la obligación de ejecutar una serie de inversiones para disminuir sus emisiones contaminantes como condición establecida por la Unión Europea para permitir la continuidad de la Central turolense más allá de 2020.

 

Ahora, en las aportaciones a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, elaboradas conjuntamente por las Direcciones Generales de Energía y de Sostenibilidad, ésta última del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, se vuelve a incidir en las líneas que ya se ha trasladado en otras ocasiones, especialmente en la aplicación de las denominadas MTD (Mejores Tecnologías Disponibles) en materia de desnitrificación y desulfuración, captura y almacenamiento de CO2 y nuevas tecnologías de combustión, lo que permitirá compaginar el uso del carbón con las energías limpias, y se reclama que los periodos de transición permitan asumir los costes de la implementación de los objetivos medioambientales manteniendo unas rentabilidades razonables.

 

En concreto, el Gobierno de Aragón plantea establecer entre los principios rectores del futuro modelo energético la “descentralización, digitalización y democratización, a través del desarrollo del tándem: energías renovables, generación distribuida y autoconsumo”. También un régimen fiscal especial para fomentar la reducción de la incidencia de la actividad económica en el clima, la aplicación de criterios de compra pública verde o la introducción de un análisis de incompatibilidad climática en las evaluaciones de impacto y propuestas normativas de planes y programas de las administraciones públicas.

 

Asimismo, como principios rectores de la transición energética el Gobierno de Aragón defiende “el uso y fomento de energías renovables, eficiencia energética e investigación, desarrollo e innovación de tecnologías limpias que permitan el uso de recursos endógenos”. Algo que -añade en este punto- “precisa de un correcto funcionamiento de los mercados energéticos, la imputación correcta de los costes y ayudas a los diferentes recursos energéticos que permita una competencia equitativa, un marco normativo estable, el alcance a la ciudadanía, el ‘prosumidor’ (consumidor y generador a la vez, especialmente de energía solar) y el desarrollo regional”.

 

Este último aspecto del desarrollo regional tiene una singular relevancia para el Gobierno de Aragón de cara al aprovechamiento tanto de las infraestructuras que atraviesan la Comunidad por su situación geoestratégica como de los abundantes recursos de energías renovables, de forma que aporten valor añadido en el propio territorio. Un planteamiento que enlaza con la reciente constitución del Clúster de la Energía de Aragón como instrumento para favorecer la innovación y cooperación entre empresas especializadas y otros actores (incluidos el Departamento de Economía y la empresa pública Arex) con el objetivo de conseguir una mayor competitividad nacional e internacional en el sector.

 

Para el Gobierno de Aragón, además, la ley debe contemplar objetivos cuantitativos en los sectores regulados y difusos. La prioridad, en cuanto a mitigación se refiere, es reducir las emisiones en la construcción, el transporte y el sector agroalimentario. Mientras que cuando nos referimos a la adaptación, ponemos el acento en la salud pública, el turismo, la biodiversidad, el fenómeno urbanístico y una vez más, la agroalimentación.

 

La coordinación entre las diferentes administraciones públicas (estatal, autonómica y local) dada la actual dispersión de competencias y el papel “ejemplarizante” que deberían desempeñar conforme a las disponibilidades presupuestarias reales, son otras de las principales ideas trasladadas por el Gobierno de Aragón al Ministerio para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 
 

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