Lunes, 18 de noviembre de 2019
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Actualizada el: Viernes, 15 de noviembre de 2019 12:19
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Redacción
Viernes, 4 de octubre de 2019
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El proceso concursal a tela de juicio

Las Jornadas Concursales 2019 analizan con éxito el escenario legislativo europeo

La presente edición ha dejado patente la importancia de la rápida adaptación de la directiva europea en el proceso concursal. El encuentro ha superado el número de asistentes previstos que han aplaudido la alta calidad de los ponentes y el carácter práctico del encuentro. Alrededor de 200 profesionales de la Economía y del Derecho se han reunido durante el día de hoy en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

 

Europa y el contexto de desaceleración actual han sido los ejes centrales de la celebración de Jornadas Concursales desarrolladas hoy en Zaragoza y organizadas por el Colegio Oficial de Economistas de Aragón, el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, AT 8ª de Aragón. Una cita que ha sido respalda por más de un centenar de profesionales interesados en las modificaciones de la directiva europea sobre la reestructuración preventiva o la  segunda oportunidad, entre otros aspectos que afectan al trabajo del administrador concursal.

 

Bajo el título “Avanzando hacia el escenario europeo del procedimiento concursal” la presentes jornadas han vuelto a ser el centro de la actualidad de la Economía y el Derecho. Miguel Ángel Palazón, representante del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha valorado de manera “muy positiva” este encuentro. “Ha sido un éxito debido tanto a la temática elegida como a los ponentes de primer nivel seleccionados”, ha añadido. Para Palazón, se ha conseguido “no sólo debatir las novedades legislativas, también plantear soluciones”. 

 

El número de deudores concursados ha disminuido un 10.9% respecto al periodo anterior; tal y como se desprende los datos correspondientes al segundo trimestre de 2019. Casi 40% de las empresas concursadas tienen como actividad principal el Comercio, la Industria y la Energía. Aragón concentra el 3% del total de deudores concursados. El tesorero del Colegio Oficial de Economistas de Aragón, Carlos Terreu, ha afirmado que según las estadísticas los datos en conjunto se “mantienen estables” en los últimos años. Se han realizado en torno a 5.600 procedimientos de insolvencia, de los que el 35% provienen de las personas físicas sin actividad. AsÍ, se observa que “las empresas con actividad empresarial tienen una ligera disminución, que se ve compensada con  el aumento de expedientes de segunda oportunidad.

 

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El desarrollo de las Jornadas ha estado marcado por una vocación práctica con el fin de aportar soluciones a los problemas a los que se enfrenta el administrador concursal, en la actualidad, dependientes de la legislación europea. Tal y como ha apuntado Asunción Esteban, portavoz del Instituto de Censores Jurados de Cuentas Agrupación 8ª de Aragón, uno de los objetivos principales de este evento es “estudiar la armonización con la directiva europea para que nuestra legislación pueda adaptarse”. Además ha resaltado como objeto de análisis “cuáles son las medidas preventivas para no llegar a los concursos”.

 

En este sentido Antonio Envid, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, ha definido el escenario actual como “un año tranquilo en cuanto a destrucción de empresas”. No obstante, ha remarcado la necesidad de una “rápida” adaptación de la Ley Concursal a las circunstancias actuales. Una normativa que ya sufrió modificaciones, por ello Envid ha señalado que “se podía haber obtenido un texto refundido que pusiera un poco de orden a la actual incertidumbre”.

 

La ponencia inaugural de la presente edición ha sido protagonizada por Enrique Díaz Revorio, subdirector general adjunto para la Modernización de la Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia. En su exposición ha reflexionado acerca de la política legislativa, “estamos en una situación en la que nuestra principal herramienta es la Ley Concursal que está necesitada de una revisión, tanto por la Directiva de la Unión Europea,  como por mandato del Congreso mediante la Delegación Legislativa”, ha indicado. Los avances en comunicaciones electrónicas entre los juzgados y la administración concursal han sido otras de cuestiones tratadas. Entre los beneficios ha resaltado el “ahorro de tiempo” y la seguridad jurídica, pues “en todo momento queda constancia de lo realizado gracias a la firma electrónica”.

 

Un total de seis conferencias han ofrecido respuestas a las casuísticas más complejas que se presentan en el proceso concursal. Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, ha sido la encargada de explicar en profundidad las líneas que contempla la directiva europea de reestructuraciones preventivas y la segunda oportunidad. La catedrática ha hecho especial hincapié en aquellas cuestiones que ya se encuentran adaptadas en el reglamento nacional y las pendientes de inclusión. En este sentido ha remarcado la importancia de su pronta adecuación, al tratarse de un marco que atrae capital inversor.

 

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Las diferencias y similitudes de la responsabilidad penal y la responsabilidad concursal han sido expuestas por María Aránzazu Ortiz, magistrada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Uno de los aspectos más significativos en esta comparativa se ha centrado en la demostración de hechos, “en concursal se parte de unas presunciones y en derecho penal debe probarse todo”, ha precisado.

 

La primera parte de las Jornadas Concursales 2019 ha finalizado con la exposición sobre los bienes necesarios en concurso de acreedores y concurso consecutivo de la mano de Bárbara Córdoba, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nª13 de Madrid.  

 

En la sesión de la tarde, la cesión o venta de créditos y venta de carteras ha sido tratada por Jesús María Sierra, director de la asesoría Jurídica de Ibercaja. Ponencia que ha precedido el cierre del encuentro a cargo del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho. El juez ha puesto de relieve tres puntos: la interpretación de la ley que regula la exoneración del pasivo insatisfecho, la calificación del concurso y la responsabilidad de los administradores y la ejecución concursal administrativa. Ante la última situación y según Sancho, es importante “prever” situaciones y generar “escenarios de certidumbre, donde exista un margen escaso para el ligitio”.

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